Última actualización: 28/05/2026
PerMutas Funcionarios es una plataforma web gratuita y de libre participación destinada a funcionarios públicos que desean encontrar una permuta de plaza con otros compañeros. El servicio no tiene ánimo de lucro y no cobra ninguna tarifa a sus usuarios.
Esta plataforma es operada de forma particular, sin vinculación con ningún organismo público ni sindicato. No constituye un servicio oficial de la Administración. Cualquier consulta puede realizarse a través del grupo de Telegram asociado al servicio.
Los datos de plazas que aparecen en la plataforma proceden exclusivamente de dos vías:
En ambos casos el propio funcionario facilita sus datos de forma voluntaria y expresa, con pleno conocimiento de que serán publicados en esta plataforma para facilitar la búsqueda de permutas.
Cualquier persona puede consultar la plataforma en modo invitado, sin necesidad de registro, y visualizar los datos descriptivos de las plazas (destino, organismo, condiciones del puesto, etc.).
Los datos de contacto (teléfono, correo electrónico u otros datos identificativos) únicamente son visibles para los usuarios que hayan participado publicando su propia plaza, como medida de reciprocidad y protección frente a usos no autorizados.
El responsable de la plataforma no garantiza la exactitud, vigencia ni adecuación de los datos publicados por los usuarios. La veracidad de la información es responsabilidad exclusiva de quien la aporta. El servicio actúa como mero tablón de anuncios entre particulares.
La plataforma no interviene en ningún proceso de permuta ni tiene capacidad de hacerla efectiva. Los trámites administrativos derivados de cualquier acuerdo de permuta corresponden en exclusiva a los organismos públicos competentes y a los funcionarios interesados.
El diseño, código y textos propios de la plataforma son propiedad de su autor. Los datos de plazas publicados por los usuarios son de su exclusiva titularidad. Queda prohibida su reproducción con fines comerciales sin consentimiento previo.
Este aviso legal se rige por la legislación española. En caso de controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario, salvo que la normativa vigente establezca otro fuero imperativo.